Alrededor de las 13:00 horas del lunes 23 de agosto, la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) expuso en la “Comisión de Derechos Humanos, Verdad Histórica, Bases para la Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición”, de la Convención Constitucional. A la instancia concurrieron las y los Directores Nacionales de la CTC, Ana Lamas Aguirre, Stephanie González Chávez, Patricio Roco Bucarey y Miguel Santana Hidalgo quien tuvo a su cargo la exposición por parte de la organización. En su alocución, el dirigente hizo un repaso por las históricas violaciones a los Derechos Humanos de las que han sido víctima el pueblo y las y los trabajadores de Chile, incluyendo aquellas más recientes, como los casos de Rodrigo Cisternas, obrero forestal, y Nelson Quichillao, minero (socio de la CTC), asesinados por las fuerzas represivas en 2007 y 2015, respectivamente, y otros, muertos en circunstancias no suficientemente investigadas, como son los casos de los dirigentes Juan Pablo Jiménez en 2013 y Alejandro Castro y Alex Muñoz en 2018. También hizo mención de los casos y acontecimientos ocurridos post estallido o revuelta social a partir de octubre de 2019 que incluyen cientos de heridos con daños oculares irreversibles por perdigones y balas, golpizas, violaciones, torturas, muertes y prisión política, indicando que “Como trabajadores de la minería creemos que, en el objetivo de cambiar de raíz las lógicas sistémicas actuales, y avanzar en la construcción de una sociedad respetuosa de los Derechos Humanos, tales episodios son elementos de juicio histórico que deben tener muy presentes los convencionales a la hora de establecer los principios que regirán la nueva Carta Fundamental”.
Especial hincapié se hizo sobre la vulneración de los Derechos Humanos en el mundo minero, área en donde se dan en múltiples formas. Al respecto señaló que “el subcontrato, por su misma naturaleza de empleo precarizado, con sus características de escasa seguridad, de alta accidentabilidad, de nula estabilidad laboral, de difíciles condiciones para la sindicalización, de grandes desigualdades en relación al personal de planta, y, en síntesis, de distanciamiento total de las condiciones que exige el concepto de Trabajo Decente, es, sin duda, una forma legal de atropello a los Derechos Humanos establecidos en el Artículo 23 de la Declaración Universal”, destacando, particularmente, “el número 2 del citado artículo que versa “Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual” y el número 4. “Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses” y, por extensión, la huelga, que en nuestro actual ordenamiento se encuentra prohibido para el 70% de los trabajadores de la minería”.
Otro de los puntos importantes en la intervención dice relación con “la importancia de terminar con dos grandes vulneraciones a los Derechos, la del Artículo 21 de la Declaración, que dice: “1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. 2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.” Sin embargo, a nuestro pesar, actualmente existe prohibición para que dirigentes sociales, vecinales y, por supuesto, sindicales, puedan hacer valer este derecho; y la del Artículo 7 “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley.” Toda vez que no se condice este derecho con el trato favorecido que reciben criminales de Lesa Humanidad en cárceles de lujo como Punta Peuco o los delincuentes de cuello y corbata recluídos en anexos especiales como Capitán Yáver”.
Para cerrar, Miguel Santana, Director Nacional de la Confederación de Trabajadores del Cobre, indicó que “Los trabajadores subcontratados del cobre tenemos puestas nuestra confianza y nuestras esperanzas en esta histórica Convención Constitucional elegida por el pueblo. Esperamos que la inteligencia y la sensibilidad colectiva que aquí se ha generado dé como resultado una Constitución que nos abra camino hacia la construcción de un Estado Plurinacional y Pluricultural, que supere su actual carácter Subsidiario, que replantee, reestructure y democratice las Fuerzas Armadas y Carabineros, que erradique definitivamente no sólo las políticas y mecanismos represivos, sino también la vergonzosa corrupción al interior de las Fuerzas Armadas y de Orden, que asegure y garantice el pleno respeto a los Derechos Humanos fundamentales como son la Salud, la Educación, la Previsión Social, la Vivienda, el Trabajo, y que permita avanzar en la renacionalización del cobre, el litio, el agua y los bienes comunes estratégicos, que hoy día, por obra y gracia de la dictadura militar y los gobiernos posteriores, son objeto de lucro de empresas privadas, mayoritariamente extranjeras”, finalizó.
- A continuación dejamos video y transcripción integra de la intervención, por parte de la Confederación de Trabajadores del Cobre, en la sesión del día 23 de agosto de 2021 de la “Comisión de Derechos Humanos, Verdad Histórica, Bases para la Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición”, de la Convención Constitucional.
INTERVENCIÓN DE LA CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DEL COBRE EN LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, VERDAD HISTÓRICA, BASES PARA LA JUSTICIA, REPARACIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN, DE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL.
Como Confederación de Trabajadores del Cobre, organización nacional de los trabajadores y trabajadoras principalmente de empresas contratistas de la gran minería del cobre, entregamos nuestro cordial y fraternal saludo a las y los miembros de esta Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional.
Como es de conocimiento de ustedes, las y los trabajadores de la minería tenemos una larga Historia de luchas por nuestros derechos laborales, sociales, políticos y culturales. Una Historia que tiene sus orígenes en los primeros años del siglo pasado y que, en sus inicios, está vinculada a las condiciones de explotación sobrehumana a las que eran sometidos los trabajadores de las oficinas salitreras, y donde el Estado, si alguna intervención tenía, era para proteger, a todo trance, los intereses económicos de los capitalistas extranjeros. Allí, para los trabajadores, los Derechos Humanos simplemente no existían, y de ello dan cuenta las múltiples masacres que se perpetraron contra los obreros que tuvieron la osadía de levantar su voz contra las injusticias. Episodios como los de La Coruña, Marusia y la Escuela Santa María de Iquique, por nombrar sólo algunos, son parte de una Historia de represión estatal criminal que, aún al día de hoy, no está lo suficientemente reconocida ni menos reivindicada, y donde la impunidad es un vergonzoso común denominador. Sucesos de la Historia reciente en el ámbito minero, como la masacre del El Salvador de marzo de 1966, los innumerables crímenes de la dictadura en las zonas mineras, y el asesinato de nuestro compañero Nelson Quichillao en julio de 2015, aún están frescos en la memoria del mundo minero, y constituyen casos palpables de impunidad y denegación de justicia.
Sepan ustedes también que la vulneración de los Derechos Humanos, en el mundo minero, se da en múltiples formas. Somos trabajadoras y trabajadores subcontratados, y el subcontrato, por su misma naturaleza de empleo precarizado, con sus características de escasa seguridad, de alta accidentabilidad, de nula estabilidad laboral, de difíciles condiciones para la sindicalización, de grandes desigualdades en relación al personal de planta, y, en síntesis, de distanciamiento total de las condiciones que exige el concepto de Trabajo Decente, es, sin duda, una forma legal de atropello a los Derechos Humanos establecidos en el Artículo 23 de la Declaración Universal, y destacamos especialmente el número 2 del citado artículo que versa “Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual” y el número 4. “Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses” y, por extensión, la huelga, que en nuestro actual ordenamiento se encuentra prohibido para el 70% de los trabajadores de la minería.
Pero la represión criminal contra los trabajadores y trabajadoras no es Historia pasada ni menos olvidada. En ese sentido, la Convención Constitucional, que es producto, precisamente, de las luchas del pueblo, deberá tener muy en cuenta que, en el Chile de hoy, los atropellos a los Derechos Humanos, la persecución de trabajadoras y trabajadores, de dirigentes sociales, sindicales, estudiantiles y de los pueblos originarios, siguen siendo mecanismos estructurales y sistemáticos del modelo económico capitalista neoliberal y del sistema institucional que lo sustenta.
Con esto, queremos dejar establecido que el Estado de Chile ha sido y es culpable de numerosos crímenes de Lesa Humanidad, que se han traducido en masacres perpetradas bajo distintas administraciones de gobierno, a mano militar y policial armada, y apoyado en no pocas ocasiones por fuerzas irregulares de extrema derecha, o “guardias blancas”. No se trata de nuestra opinión particular, es importante señalarlo, sino de episodios reales de trabajadoras y trabajadores asesinados, registrados y verificados por la Historia.
Como trabajadores de la minería creemos que, en el objetivo de cambiar de raíz las lógicas sistémicas actuales, y avanzar en la construcción de una sociedad respetuosa de los Derechos Humanos, tales episodios son elementos de juicio histórico que deben tener muy presentes los convencionales a la hora de establecer los principios que regirán la nueva Carta Fundamental.
Por lo mismo, no podemos dejar de mencionar, aunque someramente, algunos de esos episodios: Gobierno de Germán Riesco (1901 a 1906):
- Decenas de trabajadores asesinados, entre ellos obreros portuarios, del carbón y de la pampa salitrera.
- Gobierno de Pedro Montt (1906 a 1910): Trabajadores y sus familias masacrados en la Escuela Santa María de Iquique en 1907.
- Gobierno de Juan Luis Sanfuentes (1915 a 1920): Asesinato de obreros de Punta Arenas, Puerto Natales y Lota.
- Primer Gobierno de Arturo Alessandri Palma (1920 a 1925): Persecución y asesinato de mineros del carbón de Curanilahue, de trabajadores cesantes y huelguistas en protesta, de campesinos de Petorca y de cientos de obreros pampinos de las oficinas salitreras San Gregorio y La Coruña.
- Gobierno de Juan Esteban Montero (1931 a 1932): Asesinato y represión de decenas de dirigentes sindicales y políticos en la ciudad de Vallenar.
- Segundo Gobierno de Arturo Alessandri Palma (1932 a 1938): Muerte y represión de obreros municipales en huelga en el local de la Federación Obrera de Chile (FOCH), de campesinos de Ranquil, Alto Bio, de obreros ferroviarios en huelga y de decenas de jóvenes en el edificio del Seguro Obrero.
- Gobierno de Juan Antonio Ríos (1942 a 1946): Asesinato de campesinos de Purranque (Osorno), de comuneros de Ovalle y de mineros del carbón de Lota.
- Vicepresidencia de Alfredo Duhalde (enero a noviembre de 1946): Asesinato de manifestantes en Plaza Bulnes, de trabajadores mapuche de Painiahue en la provincia de Cautín, y de campesinos de la localidad de Fresia en Puerto Varas.
- Gobierno de Gabriel González Videla (1946 a 1952): Represión contra choferes y cobradores de micro en huelga en Santiago, muerte de varios manifestantes en distintos sectores de Santiago, y de obreros de la Compañía Refinería de Azúcar de Viña del Mar.
- Segundo Gobierno de Carlos Ibáñez del Campo (1952 a 1958): Asesinato de obreros de la oficina salitrera Pedro de Valdivia, y de trabajadores y estudiantes en protesta en Valparaíso y Santiago.
- Gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez (1958 a 1964): Asesinato de obreros de Industria Madeco en su sede sindical, de manifestantes de la CUT en el centro de Santiago, y de pobladores de la población José María Caro.
- Gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964 a 1970): Asesinato y represión contra campesinos del fundo Los Cristales de Curicó, de obreros del Mineral El Salvador, de manifestantes de la CUT en Santiago, de pobladores de Arica, de Rancagua y de Pampa Irigoin de Puerto Montt, de manifestantes en la comuna de San Miguel, de estudiantes de Puente Alto, de estudiantes de Copiapó y de manifestantes de la CUT en Plaza Tropezón de Quinta Normal.
- Dictadura de Pinochet (1973 a 1990): Asesinato, tortura y desaparecimiento de miles de trabajadores y trabajadoras, dirigentes sociales y sindicales, estudiantes y pobladores. En este aspecto específico, los trabajadores del cobre no podemos dejar de manifestar nuestro estupor ante el hecho de que, a la vuelta de varias décadas, un funcionario de la dictadura como es el señor Jorge Arancibia, edecán del propio dictador, y en consecuencia cómplice de sus crímenes, sea miembro, ni más ni menos, que de la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional. El hecho es, por decir lo menos, una cruel bofetada en la cara del pueblo.
- Pero en los años y gobiernos posteriores a la dictadura, precisamente en la etapa en que los chilenos y chilenas, las organizaciones estudiantiles, sociales, sindicales y de Derechos Humanos, demandábamos verdad, justicia y reparación en un proceso de conquista y construcción de una verdadera democracia, tampoco han faltado los atropellos a los Derechos Humanos y los crímenes de Lesa Humanidad. De ello dan cuenta los múltiples casos de trabajadores y trabajadoras asesinados en el marco de legítimas protestas. Por mencionar sólo algunos, los casos de Rodrigo Cisternas, obrero forestal, y Nelson Quichillao, minero, asesinados por las fuerzas represivas en 2007 y 2015, respectivamente. Otros, muertos en circunstancias no suficientemente investigadas, como son los casos de los dirigentes Juan Pablo Jiménez en 2013 y Alejandro Castro y Alex Muñoz en 2018. En ese mismo escenario, la represión estatal contra el pueblo mapuche y sus dirigentes constituye una de las más dramáticas demostraciones de terrorismo de Estado en el Chile actual, hacemos mención del caso de la dirigente Macarena Valdés, y su “suicidio” en extrañas circunstancias.
- En la etapa reciente, los cientos de víctimas de las fuerzas represivas durante la última rebelión social corroboran la lógica sistémica de gobernar con las armas, a balazos contra el pueblo y haciendo tabla rasa de los Derechos Humanos. En esa lógica, no cabe duda que el actual gobierno del señor Piñera se ha ganado la triste distinción de ser reconocido como el gobierno más represivo de la Historia post dictadura. Según indica el INDH citando al Ministerio Público, son 8.575 las víctimas de la represión catastradas al mes de julio de 2021, cientos de heridos con daños oculares irreversibles por perdigones y balas, golpizas, violaciones, torturas, muertes y prisión política, así lo corroboran, y son la demostración irrefutable de que en Chile el terrorismo de Estado existe, que es estructural y que es consustancial al modelo neoliberal imperante. Al respecto, la Confederación de Trabajadores del Cobre declara de plena justicia y deber ético, la inmediata liberación de todas y todos los jóvenes presos políticos, entendiendo que son, justamente, parte del pueblo movilizado que dio origen a esta Convención Constitucional.
No podemos dejar de señalar la importancia de terminar con dos grandes vulneraciones a los Derechos, la del Artículo 21 de la Declaración, que dice: “1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. 2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.” Sin embargo, a nuestro pesar, actualmente existe prohibición para que dirigentes sociales, vecinales y, por supuesto, sindicales, puedan hacer valer este derecho; y la del Artículo 7 “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley.” Toda vez que no se condice este derecho con el trato favorecido que reciben criminales de Lesa Humanidad en cárceles de lujo como Punta Peuco o los delincuentes de cuello y corbata recluídos en anexos especiales como Capitán Yáver.
Los trabajadores subcontratados del cobre tenemos puestas nuestra confianza y nuestras esperanzas en esta histórica Convención Constitucional elegida por el pueblo. Esperamos que la inteligencia y la sensibilidad colectiva que aquí se ha generado dé como resultado una Constitución que nos abra camino hacia la construcción de un Estado Plurinacional y Pluricultural, que supere su actual carácter Subsidiario, que replantee, reestructure y democratice las Fuerzas Armadas y Carabineros, que erradique definitivamente no sólo las políticas y mecanismos represivos, sino también la vergonzosa corrupción al interior de las Fuerzas Armadas y de Orden, que asegure y garantice el pleno respeto a los Derechos Humanos fundamentales como son la Salud, la Educación, la Previsión Social, la Vivienda, el Trabajo, y que permita avanzar en la renacionalización del cobre, el litio, el agua y los bienes comunes estratégicos, que hoy día, por obra y gracia de la dictadura militar y los gobiernos posteriores, son objeto de lucro de empresas privadas, mayoritariamente extranjeras.
Sin otro particular y agradeciendo la atención dispensada, se despiden muy atentamente de ustedes;
CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DEL COBRE
