DECLARACIÓN PÚBLICA
La reciente aprobación de la Cámara de Diputados del proyecto que permite a las y los afiliados de las AFP retirar hasta el 10% de sus fondos previsionales responde, sin duda alguna, a la imperiosa necesidad de sobrevivencia de millones de trabajadores y sus familias en el caótico escenario que fue generado en parte por la pandemia del Covid19, pero que tiene sus raíces más profundas en un modelo de país y sociedad en que los más esenciales Derechos Humanos están entregados al lucro de los grandes y poderosos grupos económicos privados. Una necesidad que ha sido expresada con tal clara y legítima insistencia, y con tal peso y autoridad moral que no pudo, en última instancia, ser desoída siquiera por algunos parlamentarios del propio gobierno. Un gobierno que, además, ha recurrido a cuantos subterfugios y maniobras ha podido utilizar para eludir el clamor popular y continuar protegiendo, de manera contumaz, los intereses de los grandes poderes económicos que lo sustentan, y que, en definitiva, han sido y son los verdaderos e históricos responsables de las condiciones precarias en que el pueblo ha tenido que enfrentar la crisis, que ya nos es sólo sanitaria, sino también profundamente económica, social y política.
El estallido social de octubre de 2019, en ese sentido, dio cuenta de una sociedad que viene sufriendo por más de cuatro décadas las injustas desigualdades sociales que impone el modelo capitalista neoliberal instalado de facto, de manera violenta, ilegal e ilegítima. Tal realidad social y política, oficialmente invisibilizada, silenciada o maquillada por los sucesivos gobiernos, no podía menos que hacerse brutalmente evidente en el escenario de la pandemia. El Covid19 terminó por quitar el velo que ocultaba, o al menos disimulaba, una realidad insostenible que el pueblo trabajador, ya despierto y consciente, no está dispuesto a seguir tolerando. Es en estas condiciones, dado el estruendoso fracaso del modelo económico, y dada la incapacidad del gobierno para abordar la crisis de manera razonable y eficiente, y habiéndose negado a la alternativa de un impuesto razonable a los súper ricos, el retiro del 10% de los fondos previsionales viene a ser una inyección de aire fresco en medio de tanta necesidad.
Las y los trabajadores subcontratados del cobre, por la propia naturaleza de nuestras condiciones laborales, sabemos de precariedades. Por tal razón, exigimos a las y los Senadores de la República a no poner obstáculos ni cortapisas de ninguna índole a la aprobación final y definitiva del proyecto. Esa es, si no quieren ser repudiados por el pueblo y condenados por la historia, la única opción ética posible. Es la opción que abre paso, además, para avanzar en la restauración de un verdadero sistema de Seguridad Social, que responda a los principios fundamentales de Universalidad, Solidaridad y Suficiencia para cumplir con un deber esencial del Estado, como es entregar una solución colectiva mediante un seguro social general y público. Ese es, justamente, y junto con la renacionalización de los recursos naturales en general y del cobre en particular, uno de los más grandes desafíos de una nueva Constitución para Chile.
CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DEL COBRE
Chile, 21 de julio de 2020.
