Hoy las empresas privadas, principalmente extranjeras, se llevan 35 mil millones de dólares por año.
Un día como hoy, pero de 1971, el Congreso Nacional aprobó por unanimidad una reforma a la Constitución Política de 1925 que permitió la nacionalización de la gran minería del cobre. Dicha reforma, propuesta por el gobierno de la Unidad Popular, que era encabezado por el Presidente Salvador Allende Gossens, permitió que el Estado de Chile se convirtiera en propietario absoluto de las riquezas naturales existentes en el país. Un día como hoy, hace 52 años, se materializaba el hito más importante después de la gesta de los padres de la patria: Chile alcanzaba su independencia económica.
Recuperar las riquezas naturales para el provecho de nuestro país y sus habitantes, junto con ser un acto de soberanía, permitiría que el Estado de Chile pudiera por fin hacerse cargo de necesidades del presente y futuro. Se llevaron a cabo importantes políticas de desarrollo social, el país avanzaba en la construcción de un mejor porvenir, donde todas y todos, sin exclusión de ningún tipo, participaron y fueron protagonistas: pobladores, estudiantes, trabajadores, pueblos originarios, hombres, mujeres y niños construyendo los destinos de la educación, de la producción agrícola, industrial y en soluciones habitacionales. Pero todo ello y más, imperdonable principalmente para la derecha nacional y extranjera, comenzó a sufrir embates de diverso tipo: parte del comercio empezó por acaparar productos de primera necesidad y generar desabastecimiento, el capital internacional hizo lo propio interviniendo, financiado a la oposición y medios de comunicación para desestabilizar al gobierno. El mundo colonial y el imperialismo norteamericano, que por cierto encontraron en Chile a serviles colaboradores de sus intereses, finalmente consiguieron su cometido: el once de septiembre de 1973 se llevó a cabo un golpe de Estado en contra del legítimo, constitucional y democrático gobierno de Salvador Allende.
En aquel entonces Salvador Allende denunciaba que, en las últimas décadas, la minería privada se había llevado más de cuatro mil millones de dólares en excedentes. Hoy las empresas privadas, principalmente extranjeras, se llevan 35 mil millones de dólares por año[1]. En términos simples, y solo para dimensionar la magnitud del despojo, el Estado de Chile podría financiar o construir, por ejemplo, 397.727 viviendas de 2.200 UF c/u; o 140 recintos de salud como el nuevo Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría, que será el más grande de Chile; o 5.600 establecimientos educacionales con una matrícula de 3.000 alumnos c/u; o 14 líneas de Metro, como la nueva línea 7 de Santiago que será la más extensa de la red. Pero esto no es posible de hacer, ocurre que en plena dictadura cívico-militar se inventó la figura de la Concesión Plena, que entrega la propiedad de los yacimientos mineros a privados (que en su mayoría son extranjeros) con privilegios incluso superiores a lo que la propia constitución permite. Es decir, y aún contemplado por la constitución como propiedad absoluta, exclusiva, inalienable e imprescriptible del Estado, el cobre y las riquezas que a partir de él se generan ha sido desnacionalizado.
La Confederación de Trabajadores del Cobre, se ha propuesto —desde su fundación— la renacionalización del cobre y de todos los recursos naturales estratégicos. Lo ha propuesto en Chile y señalado en el extranjero, y dejar de hacerlo sería renunciar a sus propios principios.
Este año se cumplen 50 años del fatídico once de septiembre de 1973, y la nacionalización del cobre, junto con los objetivos de justicia social para todas y todos los habitantes del país, no era aceptable para los mezquinos intereses de la minoría históricamente privilegiada. A 50 años desde que comenzó la barbarie, nuestro país, el Estado de Chile y todas sus instituciones deben comprometerse y dar una clara señal: no fue un pronunciamiento, fue un golpe de Estado. No fue un acto patriota, fue un acto de servilismo ante los intereses privados nacionales y foráneos. No fue una guerra, fue el exterminio de chilenas y chilenos, entre los que se encontraban hombres, mujeres, niñas y niños.
El Estado de Chile debe hacerse cargo de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. De lo contrario, la señal sería dejar la puerta abierta para que mañana o pasado vuelva a ocurrir lo que jamás debió ocurrir.
Nota:
[1] Cifra estimada por los economistas Orlando Caputo y Graciela Galarce, en base a la metodología del Banco Mundial.
